Fotomultas por exceso de velocidad: guía básica

El nuevo texto del artículo 107 del Código Nacional de Tránsito establece:

Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. En ningún caso podrá sobrepasar los noventa (90) kilómetros por hora. Para el caso de vías doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora.

Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora.

Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas restricciones.

PARÁGRAFO 1o. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas urbanas señaladas en el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales estipuladas en el presente artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía, los usuarios vulnerables, el uso del suelo y, el número de muertos y lesionados.

PARÁGRAFO 2o. Excepcionalmente y teniendo en cuenta lo establecido el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo dispuesto en la “Metodología para establecer la velocidad límite en las vías colombianas” que expidan el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en función del contexto, tipo de vía, funcionalidad, las características operacionales de la infraestructura vial y demás criterios en el marco del enfoque de sistema seguro que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales. Los tramos viales en los que se presenten condiciones idóneas de infraestructura y seguridad vial, las entidades territoriales o la Nación, según sus competencias, estarán facultadas, en el marco de su jurisdicción territorial de establecer límites de velocidad superiores a los establecidos en este artículo.

Para nosotros en particular, ¡las fotomultas por exceso de velocidad no tienen mucho sentido, porque por ejemplo, en la autopista norte de Bogotá exista una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, siendo una autopista! Es decir, nos parece incoherente que se establezca ese límite de velocidad en la que quizás es considerada la vía principal de acceso y salida de la capital del país, cuando dicho corredor vial no cuenta con pasos peatonales en ningún punto, y desde hace años se encuentra en un paupérrimo estado de pavimentación y señalización, con carriles que parecieran fusionarse y desaparecer, así como cráteres y resaltos dignos de una pista de motocross.

Pero, ¿podrían las alcaldías y gobernaciones hacer algo al respecto?

La respuesta es sí, pues los modificados artículos del Código Nacional de Tránsito 106 (límites de velocidad en perímetro urbano) y 107 (límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales) tienen cada uno un parágrafo segundo en el que se facultó a las entidades territoriales o a la nación (según el caso) para establecer límites de velocidad superiores a los establecidos, previo cumplimiento de algunos requisitos.

En pocas palabras, ¿hay esperanza de que se pongan límites razonables? 

Lastimosamente, no tanto. Al menos no en un futuro cercano, y lo explicamos bajo dos consideraciones principales:

Primera: los mencionados parágrafos de la norma establecen, como requisito para cada entidad que vaya a aumentar los límites de velocidad, tener en cuenta lo establecido en “el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo dispuesto en la “Metodología para establecer la velocidad límite en las vías colombianas” que expidan el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en función del contexto, tipo de vía, funcionalidad, las características operacionales de la infraestructura vial y demás criterios en el marco del enfoque de sistema seguro que propendan por una movilidad eficiente y la protección de la vida de todos los actores viales”. (Negrillas fuera del texto)

Es decir, se debe esperar a que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial expidan la mencionada “Metodología” y basarse en los criterios allí establecidos, en los estudios técnicos, y en el diseño de la infraestructura para poder ejercer esta facultad. Y, como es de todos sabido, la gestión de las entidades públicas no es del todo rápida y generalmente prioriza intereses de ciertos sectores que tienen una capacidad de lobby considerable.

Segunda: debe existir voluntad del lado de las entidades territoriales o de la nación para tomar la iniciativa y dedicarle los recursos necesarios para hacer el análisis y la reglamentación que le permita a estas autoridades aumentar dichos límites de velocidad.

Y acá es donde nos parece más difícil que se den las cosas, pues no vemos posible que, bajo una motivación propia, haya una administración que tome una iniciativa que implica reducir la posibilidad de recaudar recursos y que va en favor del interés de los ciudadanos, ni tampoco existe un grupo organizado que actúe como interesado y que haga presión para que ello se dé.